Durante el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador, el Ejército, la Marina y la Guardia Nacional han incrementado su presencia en las calles, ciudades, caminos rurales y poblados del país. Ese despliegue ha provocado una cascada de denuncias por delitos de tortura, desaparición forzada, lesiones, homicidios y abuso de autoridad.
Ante esta militarización, las carpetas de investigación abiertas por la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de integrantes de las fuerzas armadas se han triplicado. Las ejecuciones extrajudiciales siguen y muy pocas son investigadas y terminan con un proceso penal.
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