*quienes hayan ejercido violencia familiar, sexual o política al igual que aquellos deudores alimentarios morosos, no podrán ejercer cargo público alguno
Los diputados en su afán de poner un alto y erradicar la violencia contra las mujeres de parte de los hombres, así como de que asegurar ante cualquier circunstancia el alimento a los menores por parte de los padres, se han estado realizando una serie de reformas a la Constitución Política en materia de paridad de género.
Y es que con este tipo de reformas se pretende que ningún agresor pueda ocupar ningún cargo dentro de la administración pública y con ello generar espacios seguros para las mujeres dentro de todas las instituciones públicas, es por ello que el Congreso declaró formal y constitucionalmente aprobado el decreto de esta reforma.
Fueron 14 ayuntamientos los que enviaron sus respectivas actas de cabildo con su voto afirmativo, es decir que estuvieron a favor de que todo aquel agresor de mujeres ni aquellos padres que se niegan a pasar pensión alimenticia a sus menores hijos, no deben ocupar ningún tipo de espacio dentro de la administración pública, porque son un peligro latente en las áreas de trabajo donde se desempeñen como responsables.
Los municipios que no enviaron sus actas y que por lo tanto al parecer protegen y están a favor de que estos agresores y deudores alimentarios morosos puedan desempeñarse como funcionarios, fueron solo 6 municipios, siendo estos, Ahuacatlán, El Nayar, Rosamorada, Tuxpan, Ruiz y Acaponeta
Es por ello que de acuerdo a lo expresado por los diputados de las diferentes expresiones políticas, quienes hayan ejercido violencia familiar, sexual o política a una mujer serán vetados de la función pública al igual que todos aquellos deudores alimentarios morosos, no podrán ejercer cargo público alguno.
De igual manera estas reformas también fortalecen y garantizan la participación paritaria de las mujeres en todos los espacios y niveles de toma de decisiones en el gobierno estatal, congreso del estado, Poder Judicial, órganos autónomos, gobiernos municipales y organismos descentralizados.
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