*manejo de los recursos públicos deben ser totalmente transparentes y optimizados al máximo, ayuntamientos ya no podrán disponer de los bienes públicos para pagar deudas
Una de las prioridades de los diputados de esta XXXIII legislatura es legislar en acciones parlamentarias orientadas a mejorar la transparencia en la administración pública y la optimización de sus recursos, por lo que votarán a favor de una serie de reformas constitucionales, decretos y leyes que se encuentran vigentes para hacerlas efectivas.
En materia de transparencia aprobaron la Ley de Bienes para el Estado de Nayarit, nuevo ordenamiento con 113 artículos que permite la protección y conocimiento de los inmuebles con los que cuenta la administración pública estatal y municipal, garantizando que los bienes dejen de otorgarse a particulares o empresas privadas sin ninguna regulación.
Una más de las reformas aprobadas son a los artículos 218 y 221 de la Ley Municipal para el Estado de Nayarit, las cuales obligan a los 20 ayuntamientos de la entidad que emitan multas justas, sin ser excesivas y calificadas bajo un reglamento establecido.
También los diputados, resolvieron el acuerdo para pedirles a los 20 ayuntamientos que prevengan y vigilen el funcionamiento y organización interna de los panteones, ello para dar certeza jurídica a quienes adquieran un espacio en los cementerios y no sean víctimas de ventas fraudulentas.
En el mismo tema de la transparencia en la administración pública, se reformó la Ley Orgánica del Poder Legislativo en su artículo 12, el cual establece que los legisladores tienen la obligación de emitir un informe anual sobre sus labores legislativas, de fiscalización y de gestión social.
En lo referente a la optimización de los recursos de la administración pública, los diputados resolvieron en el segundo año de ejercicio constitucional, reformas a la Constitución Local para reducir el número de magistrados del Tribunal de Justicia Administrativa y que en el Poder Judicial los magistrados, jueces, secretarios y consejeros de la judicatura no pueden desempeñar ningún otro cargo o empleo público.
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